La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, desglosando el anteproyecto de ley de la LOMLOE en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados. Fuente: Ministerio de Educación.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, LOMLOE. El texto obtuvo 177 votos afirmativos gracias al respaldo de Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Más País-EQUO y Compromís. Partido Popular, VOX, Ciudadanos, CUP, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Regionalista Cántabro emitieron 148 votos negativos. Mientras que los votos de BILDU, Juntos por Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego y Teruel Existe se tradujeron en diecisiete abstenciones. El documento deberá estudiarse en el Senado para acometer posibles modificaciones, en cuyo caso regresaría de nuevo a la Cámara baja antes de su instauración. Luz verde a la nueva ley de Educación, la octava en democracia.
La norma defendida por la ministra Isabel Celaá, agrega que la educación pública es el eje vertebrador del sistema, lo cual se traduce en la eliminación de la demanda social para abrir nuevos centros concertados o incrementar plazas. Por otro lado, se prohíbe el cobro de cuotas para desarrollar actividades en horario lectivo, imponer aportaciones a asociaciones y fundaciones vinculadas a los colegios y segregar al alumnado por géneros. La ley asevera el reforzamiento progresivo de la red pública, en especial las plazas de cero a tres años y la proximidad del domicilio, renta y la existencia de hermanos matriculados serán razones de peso en la admisión de alumnos en un centro. Se encomienda a los colegios e institutos de carácter ordinario a disponer de recursos para atender a alumnos con discapacidad en los próximos diez años.
No obstante, las administraciones seguirán prestando apoyo a los centros de Educación Especial. Se podrá superar el curso con una o dos materias suspensas, repetir será excepcional y solo podrá ser dos veces máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. El currículo se adaptará al alumnado que lo requiera a partir de tercero de ESO para facilitar la obtención del título de Secundaria. El Bachillerato podrá cursarse en tres años y los alumnos promocionar con máximo un suspenso. Los mayores de dieciséis años integrados en el mercado laboral o deportistas de alto rendimiento podrán acogerse a la educación para adultos y podrán llevarse a cabo programas formativos para mayores de diecisiete años sin cualificación para lograr titulación de FP o certificado académico. Se suprime el castellano como lengua vehicular frente a las lenguas cooficiales, un apunte que solo incluía la anterior norma educativa. En cualquier caso, las administraciones garantizan el derecho a recibir enseñanza en ambas modalidades.
La asignatura de Religión ya no será evaluable ni deberá contar con una materia alternativa para quienes no deseen cursarla. Se establece una asignatura obligatoria de valores éticos en Primaria y Secundaria. Se fomentará desde Primaria la educación para la salud, afectivo-sexual y el cuidado del planeta. Se adquirirán conocimientos exhaustivos de la historia de la democracia española desde una perspectiva de género. Se desarrollarán las competencias digitales y se pretende aumentar el porcentaje de alumnas en carreras tecnológicas y científicas, donde los varones son mayoría y viceversa. Los alumnos de Primaria residentes en zonas rurales tendrán garantizada la escolarización en el municipio y en caso de ser trasladado se minimizará el desplazamiento.
En los medios de comunicación se reprocha reiteradamente a la clase dirigente la utilización de la enseñanza como herramienta política y se abunda en acusarle de incapacidad a la hora de trenzar acuerdos, lo cual siendo cierto, requiere de matices. Cualquiera calcularía que con ocho leyes educativas a lo largo de cuarenta años, se hace tabla rasa cada lustro, pero no es así en absoluto. En medio siglo solo se han realizado dos modificaciones estructurales en la enseñanza. En 1970 se establecía la Ley General de Educación, LGE, de la mano del tecnócrata José Luis Villar Palasí y en 1990 se aprobaba la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE, siendo el socialista Javier Solana su impulsor. La primera reforma estipulaba la obligatoriedad y gratuidad de la educación entre los seis y los catorce años de edad e implementaba la Formación Profesional como vía para los jóvenes que no se encaminaban a la Universidad. La segunda ampliaba el marco hasta los dieciséis años y exigía profesorado especializado para impartir enseñanzas en idiomas, Música y Educación Física. De las siete restantes dos no dieron tiempo de aplicarse y el resto solo incluían limitadas variaciones que obedecen a distintos enfoques pedagógicos e ideológicos.
Innegablemente la educación siempre ha sido un instrumento suculento para el poder de turno. Es comprensible y legítimo que cada gobierno posea su visión concreta de la enseñanza, antagónica a la de sus adversarios políticos. Cada corriente de pensamiento estima su perspectiva para transformar de forma exitosa la sociedad de las generaciones venideras. Desde posiciones conservadoras se tiende a primar la instrucción del alumno en la adquisición de conocimientos técnicos, inculcando la cultura del esfuerzo, la disciplina y los valores basados en la doctrina católica. Desde el espectro progresista se apuesta más por la filosofía proveniente de la Ilustración, el Humanismo sin perder de vista las ciencias, se fomenta el espíritu crítico del alumnado, los valores cívicos rompiendo con los tabúes y las rémoras del adoctrinamiento confesional. La Ley Celaá enmienda a la totalidad la Ley Wert.
El equipo de Rajoy utilizó la mayoría absoluta otorgada en las urnas para confeccionar una legislación educativa que solo atendía a los intereses del Episcopado y de las élites. Daba la espalda a la mayoría de los estudiantes que veían mermadas sus expectativas. El Partido Popular desempolvaba el modelo de enseñanza centrado en preceptos nacional-católicos y ninguneaba a la Filosofía, las Lenguas Clásicas y las Artes. A su vez, incrementaba los recursos de la concertada en detrimento de la pública.
La contestación de la comunidad educativa jamás fue tan contundente contra un Ejecutivo que hizo de los recortes en servicios públicos su santo y seña y se regocijaba usando el rodillo parlamentario. En contraposición, el marco legislativo construido por el primer gobierno de coalición de la historia democrática es objeto del consenso de siete formaciones. La denominada Ley Celaá es la antítesis de la norma anterior en tanto en cuanto la educación pública será el eje central de la enseñanza en España. Su vocación vertebradora persigue acabar progresivamente con el sistema de centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos. Hace treinta y cinco años, cuando la instauró el gobierno de Felipe González, podría tener sentido aquel modelo mixto dada la imposibilidad de la red pública para absorber aquellas cifras elevadas de alumnado.
Ahora bien, en la actualidad solo obedece a los intereses económicos de la Santa Madre Iglesia, en líneas generales, y a la permanente genuflexión de quienes han ostentado el poder desde entonces. Todo demócrata defenderá el derecho, amparado en la Constitución, a la libertad de enseñanza. En un ejercicio de coherencia los liberales deberían defender la extinción de los conciertos para acabar con la competencia desleal al sector privado. Ni un ápice de legitimidad merecen restarle a los colegios que se reserven el derecho de admisión y que promulguen la fe, siempre que no sea con el paraguas de los PGE. Los poderes públicos han de velar por el prestigio de la enseñanza sostenida por todos, cuyo modelo destaca por su misión integradora con toda la carga que lleva detrás el término. Se queda en el tintero la eterna asignatura pendiente de todos los gobiernos, que es el avance hacia un horario lectivo laico. Un modelo utópico en nuestro país al colisionar con la aconfesionalidad dictada en la Ley Fundamental.
No obstante, precisaríamos superar los dogmas ideológicos en pro de los estudiantes. Urgentemente al arco parlamentario le apremia diseñar conjuntamente diversos aspectos relacionados con la actualización de las fórmulas de enseñanza. Los nacidos en el siglo XXI necesitan de mayor interacción en el aula e inculcarles el buen uso de las tecnologías. A día de hoy la distancia entre alumnos, mercado laboral y docencia es bastante amplia. Hay que aminorar con decisión el drama del fracaso escolar y potenciar la Formación Profesional. Conjugar el interés por adquirir conocimientos científicos y humanísticos con la ley de la oferta y de la demanda en alusión a la burbuja universitaria. Mejorar la competencia de los alumnos en Lengua Extranjera será clave en el contexto global. No es admisible que a lo largo de treinta años los estudiantes finalicen su formación obligatoria sin ser bilingües y en muchos casos se vean abocados a ampliar conocimientos en academias.
Sin embargo, las apelaciones al consenso en los puntos cruciales de la llave maestra del futuro de cualquier nación, serán en vano mientras sigamos anclados en la confrontación de las cuestiones accesorias. Desgraciadamente la vida de la LOMLOE estará ligada exclusivamente a la continuidad de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en La Moncloa.
