Representantes públicos y sus respectivos equipos incumplen el proceso de vacunación que las propias instituciones establecen a toda la población. Ningún episodio puede retratar mejor la constatación del abuso de poder llevado a la máxima expresión. Dirigentes políticos, asesores elegidos a dedo y funcionarios utilizando las instituciones que sostienen los ciudadanos con sus tributos, para corromperse, ya sea blanqueando dinero o inyectándose la dosis contra el COVID-19 antes de cuando les corresponde.
Me pregunto si todos cuantos vulneran las normas rubricadas por ellos mismos, estarán convencidos de que nadie destapará sus vergüenzas y por eso supongo que sienten impunidad para mangonear las instituciones como si de su casa se tratase. Quizá trascienda a los medios de comunicación una ínfima parte de lo que allí se cuece y por eso actúan con tanta tranquilidad, si no verdaderamente no logro comprender por qué ponen en riesgo su trayectoria profesional y la propia reputación.
De todos modos, quiero romper una lanza a favor de los políticos leales, honestos y honrados, conozco a bastantes de diferente signo y haberlos los hay, también conozco a nombres oscuros y arrogantes.
Cabe mantener presente que sus señorías son hijos de nuestra sociedad, han nacido, se han educado y se han desarrollado con nosotros, por lo tanto, proceden como ocurre en los demás órdenes de la vida. Los currantes que trabajan sin declarar a Hacienda son los que cuando toman posesión del escaño acceden a mordidas con constructoras.
No nos llevemos a engaño, muchos españolitos de a pie hoy estarán indignados porque no pueden ser los que usen su posición para vacunarse ellos e incluyendo a la parentela. El quid se encuentra en el déficit de la ética. Las últimas noticias conocidas al respecto de la vacunación, revelan que los alcaldes de las localidades zaragozanas de Luesia y Asín, militantes de PP y PSOE, respectivamente, se han puesto la dosis antes de lo debido. Veremos como transcurren los acontecimientos, pero desde luego el asunto no se solventa solo con la dimisión del primero de la fila, sino de los subordinados y con una investigación para depurar responsabilidades.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarrolla, presentaba el pasado sábado su renuncia al cargo tras descubrirse que fue uno de los miembros del Ejército vacunados cuando era turno para ingresados en asilos y sanitarios. El viernes el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destituía al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa.
Por supuesto, resultaría contraproducente para la salud de todos reprender a los altos mandos sin inyectarles la segunda dosis a los veintiún días, por lo tanto, han de imponersela pero habiendo sido despojados definitivamente del ejercicio de cargo público. No caben pretextos de ninguna clase, por ejemplo, el estrecho contacto de algunos ediles de pequeñas poblaciones con los vecinos o su colaboración altruista en residencias de ancianos. Si no reunían los requisitos estipulados desde Sanidad para recibir la dosis, nunca debieron vacunarse.
En juego está la vida de millones de personas y el crédito de los servicios públicos. Que nadie se extrañe si circulan mensajes demagógicos por doquier y la política de las tripas sigue al alza.
